Las Vegas europea podría ser una realidad | Foto: Rac1.org |
El
próximo 1 de septiembre conoceremos la decisión del magnate
estadounidense Sheldon Adelson, presidente del grupo Las Vegas Sands,
sobre la ubicación final de Eurovegas, un gran proyecto empresarial
basado en el juego por el que pugnan desde hace meses Madrid y
Barcelona.
En
juego está una de las mayores inversiones extranjeras en España, con un
importe aproximado de 17.000 millones de euros, destinados a la
construcción de casinos de lujo, hoteles y centros de convenciones. El
proyecto prevé la creación de unos 260.000 puestos de trabajo, una cifra
poco creíble teniendo en cuenta que la promotora tiene 36.000
trabajadores repartidos por todo el mundo. Aún así, a priori, parece que
cualquier ciudad querría hacerse con un proyecto de tales dimensiones.
Sin
embargo, ya tenemos un caso similar con el proyecto Grand Scala que se
presentó en Aragón el año 2007. Allí se modificó la Ley del Juego, la de
Ordenación del Territorio, se hicieron infraestructuras para
suministrar agua y energía, una parada del AVE, una salida de la AP2… A
cambio se prometían 17.000 millones de inversión, 65.000 puestos de
trabajo, 600 millones de recaudación por impuestos del juego y la
llegada de 25 millones de turistas. Por supuesto, como en el caso de
Eurovegas, sin ningún estudio económico que sirviera de soporte.
Finalmente, los promotores fracasaron al no poder hacer frente a los
compromisos adquiridos por la compra de los terrenos.
Me
gustaría reflexionar sobre el impacto que el proyecto de Eurovegas
puede tener sobre una ciudad como Barcelona. La ciudad condal está
consolidada internacionalmente como capital del turismo cultural,
perfilándose como centro de innovación y trabajando para constituir un
eje estratégico en la escena de los negocios. Ante esta realidad, la
pregunta que se plantea es cómo encajaría un proyecto basado en el juego
en la ciudad.
Hay
argumentos de carácter medioambiental y urbanístico por el impacto
perjudicial sobre el territorio: densificación, movilidad, consumo
energético, ocupación de espacios agrarios o banalización del paisaje. A
nivel económico, hay que tener presente el coste de las
infraestructuras, la escasa transparencia de las negociaciones o la
creación de un eventual paraíso fiscal. Además, no hay ninguna garantía
de que el proyecto sea viable, y tanto la inversión anunciada como los
supuestos beneficios están en el aire. Por otro lado, no podemos obviar
las actividades ilícitas que surgen en torno al juego: crimen
organizado, droga y prostitución.
También
cabe destacar la desorbitada imposición de requisitos hecha por el
grupo Eurovegas: modificación de la Ley de Extranjería, del Estatuto de
los Trabajadores, exención de impuestos y de dos años de la Seguridad
Social, un aval del Estado de 25 millones de euros para pedir un
préstamo al Banco Europeo y, aún más, la autorización para la entrada de
menores y ludópatas a los casinos y acabar con la Ley Antitabaco en el
recinto.
A
todo esto, demos un vistazo a la situación de Las Vegas en EEUU. La
ciudad del juego forma parte del Estado de Nevada, el cual ocupa la 46ª
posición, entre los 50 estados norteamericanos, en cuanto a la calidad
de las escuelas; la 42ª en salud ciudadana; y la 45ª en proporción de
jóvenes con título universitario. En cambio, ostenta la tercera posición
en relación al número de crímenes violentos producidos y la segunda en número de ejecuciones
hipotecarias. Irónicamente, también ocupa la primera posición en cuanto a
desempleo.
El
saldo entre posibles beneficios y costes sociales de la operación sería
negativo. Cualquier proyecto de esta envergadura debe responder a la
estrategia de desarrollo del país donde se instala. Podemos trabajar en
dirección a una economía productiva, sostenible e innovadora, o nos
podemos jugar nuestro futuro colectivo en el tapete verde de un casino.
Aunque estemos en crisis, se trata de pagar un precio demasiado elevado.
Movimientos en contra del Eurovegas en Europa | Foto: ABC |
"Aturem Eurovegas" | Foto: ABC |
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